Artículo publicado en el número 53 (primer trimestre 2011) de la revista Athenai. Cuadernos de reflexión y pensamiento, uno de los principales órganos de expresión de la Fundación Atenea, una institución dirigida por el sociólogo Domingo Comas, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y experto en políticas de juventud. La fundacón es de ámbito estatal y desarrolla des de hace más de 25 años una tarea intensa de intervención con colectivos en situación de vulnerabilidad, de investigacion social y de difusión entre la ciudadanía de la realidad social para logar una mayor sensibilidad y propiciar la reflexión y el debate. El número 53 de Athenai está dedicado a la reflexión sobre la situación hoy de las políticas de juventud.
El desarrollo de las políticas de juventud ha seguido en España un camino ciertamente peculiar si las comparamos con las dinámicas de los paises europeos que son habitualmente nuestra referencia de progreso. No pretendo en este artículo hacer un ejercicio de política comparada, pero si que me interesa destacar de que manera puede influir la singularidad española en el actual contexto socioeconómico, y alertar sobre los riesgos que esta diferencia puede suponer para nuestras políticas de juventud. La incorporación tardía de España a las politicas de ayuda social respecto a lo que fue habitual en buena parte dela Europaoccidental y el diferencial que, tanto en términos relativos como absolutos, se mantiene aún en lo que se refiere al esfuerzo econòmico en este ámbito, dejó a la juventud, especialmente en el periodo de nuestra transición democrática, en una situación de desatención alarmante. Fue en ese momento cuando se produjo una reacción destacable en la que coincidieron esfuerzos de la sociedad civil y de la propia administración para construir un sistema de apoyo y promoción de la juventud que necesariamente adoptó formas distintas a las que venían siendo habituales en el conjunto de Europa. Puesto que el modelo se construyó prácticamente desde cero, su concreción fue también muy diferente a la de aquellos paises que venian desarrollando una larga tradición de medidas de apoyo a la juventud. Mientras nuestros referentes europeos desarrollaron sus políticas de juventud como una evolución lógica de sus políticas sectoriales (laborales o de ocupación, educativas, culturales o incluso relativas a la seguridad y la prevención de la marginalidad), en España se construyó con mayor o menor acierto un modelo en el que se primava la consolidación de una estructura política y técnica específica para la juventud. Estas estructuras intentaron inicialmente suplir la ausencia de intervención (o intervención insuficiente) de estos ámbitos sectoriales en la juventud, y posteriormente los interpelaron des de la especificidad juvenil para garantizar un cambio de orientación en sus recursos que atendiera también a los jóvenes.
En España, por tanto, se desarrolló un discurso diferenciado de especificidad juvenil, en el que destacamos, además y en paralelo a la evidente necesidad de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes (educación, trabajo y vivienda), un discurso sobre la condicion juvenil que va más allá de los aspectos de mayor visibilidad o sensibilidad social. Fué así como construímos el modelo de la integralidad de las políticas de juventud, fundamentada en la transversalidad de las necesidades juveniles y en su consecuente traslado a una estructura de gestión técnica y administrativa también transversal. Por esa razón desarrollamos intensas políticas de creación de redes de equipamientos especializados no solo en la atención a los jóvenes, sinó también en la atención des de la especificidad técnica de esas políticas integrales. Incluso el actual proceso de consolidación de un sector profesional de los trabajadores de las políticas de juventud puede entenderse en parte como el resultado de la reivindicación de una especial manera de intervenir, propia y exclusiva de las políticas de juventud.
En cualquier caso, no tiene mucho sentido intentar valorar hoy si la evolución de nuestro modelo fue mejor o peor, entre otras cosas porque las circunstancias en que se ha generado son singulares y no admiten comparación. Lo cierto es que, de una forma u otra, nos ha llevado, por el camino que sea, a un remarcable grado de consolidación de las políticas de juventud. Ahora bién, en un contexto de cambio social, económico y eventualmente político, como el que hoy estamos viviendo, es relevante observar esa singularidad porqué nos ofrece pistas para descifrar el futuro que espera a las políticas de juventud en nuestro pais.
En tiempo de crisis el acento recae siempre en el empleo y la atención social a los más desfavorecidos. Cuando las finanzas públicas estan en entredicho los recortes presupuestarios obligan a buscar lo prioritario por encima de lo necesario. Y en esa selección de prioridades los discursos no consolidados se quedan por el camino. Ahí radica el reto. De forma paralela al desarrollo de las políticas de juventud, se han producido en los últimos treinta años numerosos debates en España sobre el modelo en que se basan o sobre el modelo en que deberían basarse. Por norma general, la vía práctica ha ido desbrozando el camino y despejando incógnitas, de manera que la teoría pervivía cuando encontraba ejemplos prácticos de éxito para anclarse en ellos. Pero hoy las políticas de juventud, tal como las hemos entendido en España hasta ahora, deben defenderse también desde una propuesta discursiva. ¿Tenemos argumentos suficientes para defenderlas ante el poder político que toma graves decisiones sobre la prioridad en el gasto público? ¿Hemos generado el consenso social suficiente como para que las políticas de juventud sean generalmente percibidas como necesarias e imprescindibles? Dicho de otra forma: ¿se conciben las políticas de juventud en España como prioritarias? Responder a esta pregunta no implica solo hablar de superviviencia a corto plazo de las políticas de juventud, sinó preveer un futuro a medio y largo plazo que las contemple de forma estructural en nuestro sistema público de atención social, más allá del actual periodo de crisis.
La mayoría de municipios españoles contemplan el desarrollo más o menos organizado de programas bajo la etiqueta de las políticas de juventud. Contamos con una amplia red de equipamientos con algun grado de especialización en la atención a los jóvenes. El modelo de organización autonómica ha asumido con cierta eficacia el desarrollo de competencias en el ámbito de juventud incluso con concreciones legislativas significativas. Se han consolidado e incluso generalizado redes de información juvenil, de actividades y servicios diversos y modelos de participación juvenil institucionalizados. Y finalmente, ya lo hemos dicho, se ha generado un espacio real de discusión y reflexión teórica, técnica y profesional sobre las políticas. Con todo este bagaje, sucintamente enumerado, ¿es posible pensar que las políticas de juventud estan hoy en el nucleo duro de la intervención pública? Creo que no.
Llegamos a la actual situación de crisis económica sin haber dado el salto definitivo hacía las necesarias dotaciones de recursos. Las concejalías de juventud se han generalizado, pero prácticamente siempre infradotadas, y en un alto porcentaje de casos, con niveles casi anecdóticos de recursos. El modelo teórico en el que vagamente nos basamos no se ha concretado en modelos técnicos homogéneos, y la norma es la disparidad. Las politicas de juventud son contempladas en la mayoría de los casos como ámbito de actuacion subsidiario de las políticas sociales, culturales, educativas o de ocupación. A pesar de los bien intencionados intentos organizativos, actualmente en progresión, no se ha construído aun un sector profesional fuerte y con capacidad y influencia suficientes. La legislación, aunque existente, no garantiza aún la obligatoriedad de desarrollar servicios de juventud ni establece baremos o mínimos de recursos necesarios en cada territorio.
Claro que existen y se defienden medidas de apoyo a los jóvenes. ¿Pero hablamos de medidas de empleo o de juventud? ¿De atención social o de juventud? ¿De vivienda o de juventud? ¿Cual es el discurso hegemónico? ¿Pervive el discurso de las politicas integrales o se ha disuelto en una miríade de actuaciones dispersas dirigidas a los jóvenes sin aparente conexión entre ellas? La coherencia de la intervención integral, la cohesión, de los equipos interdisciplinaries, el discurso propio, la promoción juvenil más allá de la pura atención social al desfavorecido, la construcción de un poyecto de vida, la participación como eje, los valores en el centro de cada actuación….
Ciertamente, en los últimos párrafos no he hecho otra cosa que relacionar alguno de los temas clásicos de debate para las politicas de juventud. Que esten hoy abiertos es un claro síntoma de que no se ha producido aún el cierre definitivo de la discusión sobre si las politicas de juventud tienen, digámoslo así, el carácter de indiscutibles. Pero si esa discusión era asumible hasta ahora, probablemente en el actual contexto de crisis económica será llevada a un grado de tensión máxima y quizá irresistible.
En momentos como los actuales, la mayor defensa para las politicas de juventud es poner de relieve aquello que les es realmente sustancial y en lo que se basa su singularidad y esencia: la proximidad. El conocimiento profundo de nuestro objeto de trabajo, la técnica específica que nos permite estar de forma permanente a su lado con capacidad de interlocución, y el carácter instrumental que para todo proceso de desarrollo y progreso social tiene la promoción juvenil, constituyen la tripleta de virtudes esenciales del trabajo en proximidad.
Es pronto para saber como afectará el actual contexto de crisis a las políticas de juventud. Las primeras señales de alarma ya son visibles (recortes presupuestarios, reducción de equipos, cierre de equipamientos….). Pero mas allá de las consecuencias físicamente perceptibles, será necesario ver como sobrevive el discurso propio de las políticas de juventud. Si realmente tenemos una especificidad técnica y una responsabilidad diferenciada, seguiremos ahí. Si solo somos un anexo más o menos coyuntural de las políticas sociales, educativas, ocupacionales, etc. desapareceremos o seremos pura anécdota como ámbito específico de la intervención pública.
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